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Abr
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CIUDADANO. Conferencia de teatro documental

CIUDADANO. Conferencia de teatro documental.

Fulgencio M. Lax

A modo de prólogo.

Fulgencio M. Lax

Una dramaturgia de urgencia, una conferencia-teatro sobre la inmediatez histórica, una mirada como testigo directo de los acontecimientos socio políticos… Me encontraba trabajando en un artículo de cómo evoluciona la estructura dramática del texto teatral español desde antes de la guerra civil de 1936 a nuestros días, cuando se produce la huelga general española el pasado 14 de noviembre de 2012. Yo lo vi con mis propios ojos porque estuve allí, cara a cara con los policías. Y no vi a profesionales, seguro que alguno habría, sino que vi mucha adrenalina innecesaria, mucha rabia injustificada porque nadie, ningún manifestante, generó ningún tipo de violencia. Una violencia que sí se respiraba desde las filas de los antidisturbios y que, además, su actitud generaba, incluso yo diría con bastante intención. Sólo por poner un ejemplo: Tengo aún en la retina la imagen de una chica policía, con el casco puesto, la visera a medio bajar, los dientes apretados, los ojos saltones, casi inyectados en sangre y blandiendo la porra en una mano mientras que en la otra sostenía el escudo. La manifestación estaba a más de veinte o treinta metros. Yo me acerqué porque no podía creer lo que estaba viendo y, vaya si lo vi. Aún hoy, después de haber pasado el tiempo, no puede salir de mi asombro. En esos días cayó en mis manos el Informe sobre La Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea que presentó Amnistía Internacional en Octubre de 2012. ¿Tenemos conocimiento de que en toda la Unión Europea (UE) se pide a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que mantengan el orden público durante las manifestaciones? Sin embargo, sus métodos no siempre cumplen las normas internacionales. En muchos casos los agentes han golpeado reiteradamente con porras a manifestantes pacíficos, incluso en la cabeza y el cuello, causándoles lesiones graves. A pesar de los llamamientos que se han hecho a las autoridades, estas violaciones de derechos humanos persisten. Ha habido frecuentes denuncias del uso excesivo de la fuerza y malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluso a pesar de que la mayoría de los participantes estaban ejerciendo pacíficamente su derecho de reunión. En muchos de estos casos, las investigaciones criminales de las denuncias presentadas contra los agentes, presuntamente responsables de las violaciones de derechos humanos, no han sido exhaustivas, imparciales ni efectivas, y en otros, ni siquiera se ha abierto una investigación. Y aquí es donde empieza a fallar el sistema democrático,  porque los gobiernos, este gobierno, genera una pregunta de fácil respuesta pero que nadie está dispuesto a dar: ¿Para quién gobierna un gobierno? Bueno, hay más preguntas pero sería muy larga la serie. Sólo voy a hacer una más. ¿Por qué militarizar una represión a los ciudadanos cuando están reclamando unos mínimos de supervivencia en el marco de una reivindicación justa? Las respuestas están en la mente de todos y esa respuesta obliga a que la represión sea brutal, aunque ellos –ellos, repito -pensarán en el adjetivo “ejemplar”. Hay vídeos, fotografías, artículos de prensa y testimonios que indican que la policía hizo reiteradamente uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones contra las medidas de austeridad organizadas en Grecia. También en el caso de España hay vídeos grabados en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en casi todas las ciudades de España, que muestran a agentes de policía cargando con porras y disparando balas de goma o de impacto reiteradamente contra manifestantes que no parecen representar ninguna amenaza para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ni para otras personas.

Y así me puse a escribir el texto CIUDADANO. Con un título cargado de historia y de romanticismo y que, hoy, se está sustituyendo por el de ESCLAVO, un título también con historia pero con una historia terrible y nada romántica. La forma de esclavitud de los siglos  XVIII y XIX no podría manifestarse de la misma forma en el siglo XXI. Ahora todo es más sutil, más aséptico. El sistema, amparado por los gobiernos, ha trasladado el concepto de esclavo a la forma de pensar del ciudadano y por eso no tenemos la sensación de serlo pero, socio-económicamente y en cuanto a las libertades, la población situada en la franja que abarca de la clase media hacia abajo, lo somos cada vez más. Y no esclavos de la vida o de las formas o de lo que sea, sino de personas con nombres y apellidos que determinan y controlan el sistema. Por eso, cuando queremos salir de ese entramado, nos mandan a la policía cargando brutalmente contra nosotros, que somos los esclavos que se sublevan. El sistema se salta las normas que él mismo ha establecido para estos casos.  El derecho internacional permite la restricción del derecho a la libertad de reunión pacífica si se hace con un fin ilegítimo, como en interés de la seguridad o del orden público, para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. La restricción ha de ser proporcionada y necesaria para tal fin. En relación con el uso de la fuerza en las operaciones de vigilancia policial de reuniones, el artículo 3 del Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que éstos “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. Si el uso de la fuerza es inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben emplearla con moderación.

El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios básicos de la ONU ha de regir todas las operaciones antes, durante y después de las manifestaciones. Las reuniones públicas y pacíficas son un derecho y no deben ser consideradas como el enemigo.  Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que participen en la vigilancia de las reuniones deben entender perfectamente que su tarea es esta.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán recurrir a la fuerza en las operaciones de control de reuniones ilegales pero no violentas. Si es inevitable hacerlo, porque deben, por ejemplo, garantizar su seguridad y la de otras personas, tienen que utilizar la mínima fuerza necesaria y respetar los Principios Básicos de la ONU. Deben proteger la celebración de las reuniones públicas pacíficas, incluso  contra grupos más pequeños o individuos violentos. En cambio la represión es contra todos. Incluso contra los no violentos más porque “nos dejamos”.  Cuando una pequeña minoría intente convertir una reunión pacífica en una concentración violenta, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben proteger a los manifestantes pacíficos, no utilizar los actos violentos de la minoría como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de derechos fundamentales de la mayoría. Pero esto no es así. De ninguna de las maneras es así. Ni tan siquiera después de las agresiones se rinden cuentas a los ciudadanos ni al poder judicial de estas operaciones. A pesar de que “El uso de la fuerza en una reunión pública debe ser siempre objeto de examen y, si corresponde, de investigación y de sanción disciplinaria o penal.” Por eso siempre ha de poder identificarse a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las operaciones de orden público.

Y así termino esta intervención, con la certidumbre de estar al servicio de una enorme dictadura financiera cuyo brazo armado son los gobiernos y con el convencimiento de que esta situación que vivimos hoy, en el siglo XXI, hace tan sólo unas décadas hubiera dado lugar a una guerra con tanta sangre como angustia vivimos hoy.

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